La matanza de Santa María de Iquique – constituye muy
probablemente la peor masacre de la historia de la humanidad en tiempo
de paz. Esto, por el número de víctimas fatales (que las estimaciones
más confiables sitúan en cerca de 2.000); por la brevedad del tiempo en
que se efectuó (alrededor de tres minutos); y por la extrema barbarie y
cobardía en ametrallar hombres, mujeres y niños pacíficos e inermes.
De este modo, el democrático Malaquías Concha –quien estuvo en Iquique
muy poco después de la masacre- denunció en la Cámara de Diputados que
"sobre diez mil obreros inermes se disparó con ametralladoras, no por el
espacio de treinta segundos, como dice el parte (del general Roberto
Silva Renard), sino que esta espantosa carnicería ¡duró por lo menos
tres minutos! ¡Se formaron montañas de cadáveres que llegaban hasta el
techo de la Escuela Santa María! ¡Horrorícese la Cámara!"; y señaló que
los sucesos de Iquique "son un estigma de vergüenza y oprobio para
nuestra patria; acontecimientos que pasarán a la historia, señor
vice-presidente, en condiciones más ominosas que las legendarias
matanzas que nos refiere la historia de los primeros cristianos, que el
legendario incendio de Roma atribuido a Nerón, que la matanza de San
Bartolomé atribuida a los católicos contra los protestantes…que las
matanzas que hoy mismo se llevan a cabo, en Turquía, contra los
cristianos, en Rusia, contra los judíos" (Boletín de Sesiones de la
Cámara; 30-12-1907).
Sin embargo, lejos de horrorizarse, la
Cámara aprobó la barbarie, con sólo cuatro excepciones (además de
Concha, el democrático Bonifacio Veas, el radical Daniel Espejo y el
liberal Arturo Alessandri Palma). El liberal Luis Izquierdo llegó al
extremo de admirar la frialdad y premeditación con que se efectuó; al
decir que los oficiales que la habían ordenado "han cumplido su deber,
el más amargo, el más cruel de los deberes que pueden corresponder a
hombres de corazón y de honor. Y mientras no se nos pruebe –lo que no se
nos probará- que ha habido de su parte imprudencia, impremeditación,
arranques de cólera, algo que revele el abandono de la calma y de la
serenidad, propias de la hora, debemos inclinarnos con respeto delante
de ellos" (Boletín de la Cámara; 4-1-1908).
Más tarde, frente a
las insistentes solicitudes de interpelación al ministro del Interior
por parte de Alessandri, Concha y Veas; Izquierdo añadió la obscenidad,
al plantear que "concluyamos una vez, con este asunto (de Iquique) que
está demasiado fiambre" (Boletín; 6-2-1908).
A su vez, el
ministro del Interior, el nacional Rafael Sotomayor, no solo justificó
la matanza como "inevitable para cumplir el deber de mantener el orden y
de dar garantías a las vidas y a las personas", sino que además hizo un
encendido elogio de sus autores: "¿A qué conducen, pues, las
expresiones ofensivas contra las autoridades que libertaron al pueblo de
Iquique de los desmanes de turbas inconscientes contra la propiedad y
la vida de los ciudadanos?...Ellos, impidiendo ese movimiento
subversivo, han salvadp al país de una vergüenza y de futuras
complicaciones internacionales…el instinto de conservación social (de
los diputados críticos) debería inducirlos a elogiar y aplaudir su
conducta, como un estímulo y un ejemplo digno de imitarse por parte de
aquellos a quienes la sociedad ha confiado la defensa de su vida e
intereses" (Boletín; 2-1-1908).
Por su parte, "El Mercurio"
señaló que "es muy sensible que haya sido preciso recurrir a la fuerza
para evitar la perturbación del orden público y restablecer la
normalidad, y mucho más todavía que el empleo de esa fuerza haya costado
la vida a numerosos individuos…el Ejecutivo no ha podido hacer otra
cosa, dentro de sus obligaciones más elementales, que dar instrucciones
para que el orden público fuera mantenido a cualquiera costa, a fin de
que las vidas y propiedades de los habitantes de Iquique, nacionales y
extranjeros, estuvieran perfectamente garantidas. Esto es tan elemental
que apenas se comprende que haya gentes que discutan el punto" ("El
Mercurio"; 28-12-1907).
Poco después, el mismo diario, frente a
una amenaza de huelga general destinada –entre otras cosas- a "obtener
del poder público la separación y castigo del general Silva Renard y del
Intendente de Tarapacá (Carlos Eastman)" se preguntaba: "¿Cómo podría
el Gobierno acceder a un castigo de funcionarios que han cumplido su
deber?" ("El Mercurio"; 4-1-1908).
Al constatar esta mentalidad
se hace plenamente comprensible la promoción y el apoyo de la derecha
chilena a una dictadura que –en aras de la conservación de sus
privilegios sociales- desarrolló una política sistemática de terrorismo
de Estado que se tradujo en decenas de miles de desapariciones forzadas,
ejecuciones extrajudiciales y torturas.
Fragmento de Felipe Portales Sociologo.
